Apoyos para decidir: la interdicción ya no existe.

No. El artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 prohíbe iniciar procesos de interdicción o inhabilitación desde el 26 de agosto de 2019, y también prohíbe exigir una sentencia de interdicción para dar inicio a cualquier trámite público o privado. Los procesos que estaban en curso debían suspenderse de inmediato. Lo que existe hoy son los apoyos.

Jurídicamente no debería exigirlos: los apoyos son un derecho de la persona, no un requisito que un tercero pueda imponer. La Corte Constitucional resolvió exactamente ese caso en la Sentencia T-098 de 2021, cuando una entidad suspendió una sustitución pensional exigiendo primero interdicción y luego adjudicación judicial de apoyos: ordenó restablecer el pago.

Dicho eso, en la práctica sigue ocurriendo, sobre todo en fondos de pensiones, aseguradoras y bancos. Ahí la decisión es de conveniencia, no solo de derecho: se puede reclamar frente a la entidad invocando la ley, o formalizar el apoyo para desbloquear el trámite sin esperar. Lo que conviene depende de la urgencia de la familia y de qué tan dispuesta esté la entidad a corregir.

Por regla general no. El artículo 49 dice que asiste, recomienda e interpreta la voluntad, «sin que las mismas impliquen actos de representación». Solo hay representación en dos supuestos del artículo 48: con mandato expreso de la propia persona, o —si los apoyos los adjudicó un juez— con autorización de este y acreditando que la persona está absolutamente imposibilitada de manifestar su voluntad por cualquier medio y que el acto refleja la mejor interpretación de esa voluntad.

Ese acto queda expuesto a nulidad relativa, según los artículos 19 y 39. Es importante lo que eso significa: la nulidad relativa es saneable y prescriptible conforme al régimen civil, y solo alcanza los actos que el acuerdo o la sentencia enumeró expresamente. Los demás actos de la persona siguen siendo plenamente válidos, porque la capacidad se presume.

El régimen general es para mayores de edad. El artículo 7 sí les reconoce a los menores con discapacidad derecho a los mismos apoyos, pero solo para los actos que la ley les permite realizar de manera autónoma, según el principio de autonomía progresiva. Los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial están reservados a mayores de edad. Un punto importante para las familias: la prórroga de la patria potestad ya no existe, quedó derogada por esta ley.

Depende del camino. Un acuerdo de apoyo ante un centro de conciliación público o un consultorio jurídico no tiene costo; en notaría se liquida como acto sin cuantía según la tarifa del año. La valoración de apoyos, por norma, debe prestarse gratuitamente por las entidades públicas, pero como esa oferta aún se está implementando, con frecuencia hay que acudir a una entidad privada autorizada y ahí sí tiene un costo. A todo eso se suman los honorarios del acompañamiento, que dependen de si el camino es notarial o judicial y de la complejidad. El primer contacto con nosotros no tiene costo y sirve para decirle qué implica el suyo.

La valoración de apoyos tiene un plazo definido de 15 días hábiles. Lo demás no: la ley no fija un término para el proceso judicial, y prometerle un número de meses sería inventarlo. El acuerdo de apoyo, cuando la persona puede expresar su voluntad, es sensiblemente más rápido porque no pasa por un juzgado.

Cuando el acto se refiere a bienes sujetos a registro, el artículo 51 exige que se anote que se celebró usando apoyos. No es una marca sobre la persona: es una anotación sobre ese acto concreto, para dar publicidad frente a terceros.